En la semana del 12 al 18 de enero, la atención mediática se enfocó en temas de educación superior, particularmente en las universidades públicas autónomas (UPA). Asuntos como las injerencias políticas en las universidades, los recortes presupuestales y los llamados de la ANUIES a la movilización, conforman un panorama que puede interpretarse más allá de la coyuntura.

Sobre los temas de gobernabilidad en las UPA, resaltó la detención de José Alberto Abud, rector de la Universidad Autónoma de Campeche (UACAM), su posterior destitución, el nombramiento inmediato de uno nuevo y la liberación del primero. Esto, mostró los problemas de gobernabilidad institucional a los que pueden enfrentarse las universidades y las fuertes implicaciones del significado y ejercicio de la autonomía universitaria en México. A pesar de que la autonomía es el principio rector de las universidades públicas, que las protege de las injerencias del poder político externo, lo ocurrido plantea varias cuestiones centrales[1].

En primer lugar, la detención del rector ocurrió en medio de un conflicto entre éste y el gobierno estatal, pues Abud manifestó su desaprobación ante cualquier intervención político-partidista en la UACAM, lo que suscitó sospechas sobre las motivaciones políticas detrás de la acción policial. En segundo, la aplicación de fuerza pública y poder penal en ausencia de evidencias de delito derivó en relatos sobre el uso de la ley para castigar o desgastar a una autoridad universitaria. Finalmente, que agentes externos buscaran intervenir en la sucesión del rector por canales distintos a los regulares, como reuniones fuera del campus en horarios inusuales, se considera una intromisión en los asuntos internos de la universidad[2].

La destitución expedita y el contexto para el cambio de rector fuera del marco legal y de los procesos colegiados, mostraron una falta de legitimidad y de transparencia en la toma de decisiones institucionales que afectan la cohesión interna y su funcionamiento de ésta. La respuesta de la comunidad universitaria y de algunos organismos no se hizo esperar. La postura de la ANUIES de tachar como inaceptable esta intromisión e invitar a las universidades a “alzar la voz” resulta significativa: los marcos jurídicos ya no son suficientes, se necesita acción conjunta y capacidad de presión[3]. Hoy, la autonomía tiene un doble filo, defiende de intrusiones externas, pero no asegura la eficiencia en la dirección académica ni en los procesos de decisión. Por ello, a menudo, los conflictos se trasladan a las comunidades universitarias y se resuelven con arreglos políticos precarios y negociaciones poco favorables.

Las UPA operan bajo diversas lógicas que con frecuencia entran en tensión: la académica (autonomía, generación y difusión de conocimiento), la política-administrativa del Estado (presupuesto, control, programas sexenales), la social (movilidad, inclusión, resolución de problemas nacionales y globales) y la gerencial (métricas, eficiencia, evaluación). El problema reside no en su coexistencia, sino en la ausencia de mecanismos institucionales para interrelacionarlas. Cada decisión relevante, ya sea de tipo presupuestario, curricular, laboral o político se convierte en un campo de disputa donde ninguna lógica predomina y, al mismo tiempo, ninguna desaparece[4].

En este contexto, gobernar implica la capacidad de manejar el conflicto. No obstante, gestionar no es sinónimo de resolver. Sin intervenciones institucionales, el conflicto se perpetúa, ocasionando desgaste, desilusión y deterioro del ambiente universitario. Esto explica por qué la ANUIES se manifiesta actualmente como un actor político defensivo. Su llamado a la unidad va más allá de la retórica: representa una estrategia de supervivencia en un contexto donde la educación superior se ha convertido en un campo de confrontación política directa.

En lo que respecta al financiamiento, las noticias de universidades que experimentarán una reducción de su presupuesto en 2026, y aquellas que tuvieron que pedir adelantos o préstamos para pagar aguinaldos, evidencian que el problema no es de cifras, sino que la incertidumbre presupuestal se ha normalizado. La falta de financiamiento tiene efectos directos sobre la gobernabilidad. Cuando los recursos no alcanzan, las decisiones distributivas se vuelven más tensas y emergen diversos conflictos: qué programas se recortan, qué plazas no se renuevan, qué áreas se sacrifican. Esto intensifica la fragmentación interna, debilita la confianza en las autoridades y convierte cada ajuste en un foco de disputa[5]. Recordemos que, sin las condiciones institucionales mínimas, no es posible crear conocimiento e innovación, no hay inclusión sostenible ni hay incidencia social que pueda cumplirse. Defender hoy a la universidad pública no significa idealizarla, sino reconocer que la viabilidad de sus funciones sustantivas y del proyecto social que significa depende, cada vez más, de su capacidad de resistencia ante presiones externas. Esto, sin perder su sentido ni la disposición colectiva de su comunidad para sostenerla como bien público, y no como territorio de disputa política permanente.

Queda claro que los temas referentes a autonomía, gobernabilidad y financiamiento son de interés para la investigación educativa. Tradicionalmente, algunas líneas de estudio se han centrado en medir resultados de las políticas educativas a través de revisar inserción laboral, cobertura, eficiencia terminal, tasa de abandono y desempeño académico. También se suman aquellas investigaciones sobre los efectos a nivel organizacional que se han generado en instituciones como las UPA, como esquemas de gobernanza, formas de gestión institucional o mecanismos de adaptación. Todas, contribuciones relevantes para el campo, pero que es necesario seguir problematizando.

En este sentido, parece relevante cuestionar, por ejemplo, ¿en qué condiciones institucionales se producen los resultados? Al analizar los conceptos de autonomía, gobernabilidad e incertidumbre financiera es necesario incorporar el estudio de las condiciones organizacionales, políticas e ideológicas de las UPA que permiten o impiden cumplir con sus funciones sustantivas y su misión social. Esto implica cierto desplazamiento, pues los problemas educativos que emergen deben ser analizados desde los procesos y no desde los resultados. Así, desde esta perspectiva, se sostiene que no existen resultados educativos desvinculados de las condiciones institucionales que los sostienen.

Es necesario fortalecer líneas de investigación que comprendan a la universidad como una organización política cruzada por relaciones de poder, lógicas contradictorias, disputas simbólicas y materiales que afectan al proyecto institucional. También, es deseable ampliar los marcos teóricos y las contribuciones que provienen de otros campos, como los estudios organizacionales, la teoría política, la sociología del poder o los estudios críticos de la organización, para ofrecer un panorama diferente en el estudio de los procesos institucionales. Y con ello mostrar cómo los problemas del ámbito educativo se relacionan con los diversos arreglos político-organizacionales que restringen la acción colectiva. Al problematizar estas categorías, se propone interrogarlas empíricamente e investigar cómo se practican, negocian y transforman en situaciones y contextos específicos.

En el caso de la autonomía, es necesario entenderla, más allá del plano normativo-jurídico, como una práctica político-institucional siempre negociada. En relación con los estudios sobre el gobierno de las UPA, específicamente en temas sobre gobernabilidad, es necesario analizarla como un proceso de construcción de legitimidad y no, de manera exclusiva, como una condición. Asimismo, los estudios sobre el financiamiento deben de problematizarse como un factor político que determina el poder, la toma de decisiones y la cohesión organizacional.

Estas miradas de análisis abren caminos para comprender las formas en que las UPA negocian conflictos, construyen consensos y mantienen o desgastan su proyecto institucional. Asimismo, se hacen visibles las tensiones entre diseño y realidad, entre norma y práctica, entre voluntad política y resultados. Desde la investigación educativa esto es relevante, ya que evidencia que los problemas no siempre emanan de políticas mal diseñadas, sino de fallos en los esquemas de gobernanza, legitimidad o capacidad institucional.

Referencias

1 “Liberan a exrector en Campeche tras cuestionamiento de la Presidenta”, Razón, https://www.razon.com.mx/estados/2026/01/15/liberan-a-exrector-en-campeche-tras-cuestionamiento-de-la-presidenta/

2 “Detención del rector de la Universidad Autónoma de Campeche reaviva choque con el gobierno de Layda Sansores”, Infobae, https://www.infobae.com/mexico/2026/01/13/detencion-del-rector-de-la-universidad-autonoma-de-campeche-reaviva-choque-con-el-gobierno-de-layda-sansores/

3 “ANUIES llama a mantener la unión y levantar la voz ante injerencias políticas en los ámbitos universitarios”, Campus, https://suplementocampus.com/anuies-llama-a-mantener-la-union-y-levantar-la-voz-ante-injerencias-politicas-en-los-ambitos-universitarios/

4 “Más allá de la crisis: la universidad pública mexicana como institución en tensión permanente”, Universal, https://www.eluniversal.com.mx/opinion/riie-uam/mas-alla-de-la-crisis-la-universidad-publica-mexicana-como-institucion-en-tension-permanente/

5 “Recibirán menos fondos al menos 8 universidades públicas en 2026”, Jornada, https://www.jornada.com.mx/noticia/2026/01/15/sociedad/recibiran-menos-fondos-al-menos-8-universidades-publicas-en-2026