Jornada: Educación en transición. Balance y perspectivas. 

Mesas de análisis: “Los 100 compromisos para el segundo piso de la transformación: república educadora, humanista y científica” 

Reseña 

La jornada “Educación en transición. Balance y perspectivas”, realizada el 29 de octubre de 2024 por el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación (IISUE-UNAM), reunió a destacados especialistas para analizar los compromisos educativos del nuevo gobierno federal encabezado por Claudia Sheinbaum, a partir del documento “Cien compromisos para el segundo piso de la transformación: República Educadora, Humanista y Científica”. A través de cuatro mesas temáticas —educación básica, media superior, superior y ciencia y tecnología— se identificaron continuidades, rupturas y desafíos en la política educativa nacional. En educación básica, se abordó la implementación de la Nueva Escuela Mexicana, sus tensiones y resistencias, así como el papel de la autonomía docente.  

En media superior, se discutieron los problemas de cobertura y justicia social, subrayando la persistencia de brechas regionales y la falta de una estrategia clara para alcanzar la universalización. En educación superior, se reconocieron avances como la creación de nuevas universidades y la ampliación de becas, pero también se señalaron pendientes estructurales, como el financiamiento insuficiente, la precarización docente y la segmentación del sistema. En el campo de la ciencia y tecnología, se plantearon críticas al diseño institucional fragmentado, la falta de criterios públicos en la toma de decisiones y la urgencia de mayor inversión.  

A lo largo del evento se enfatizó la necesidad de fortalecer la vinculación entre política educativa, desarrollo científico y justicia social, así como de atender temas olvidados como la educación inicial, la violencia escolar, el cuidado y la formación continua docente. La jornada concluyó con un llamado a construir una política educativa de Estado coherente, articulada y con visión de largo plazo, capaz de responder a las transformaciones sociales, tecnológicas y culturales del país. 

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• Primera parte:
• Segunda parte:

Galería de fotos

Ficha bibliográfica: Flores Crespo, Pedro (2025). ¿Por qué fallan las políticas educativas? Análisis del sexenio 2018-2024. ANUIES. Colección de libros: “Temas de hoy en la educación superior”. 171 pp.

Participantes

Presenta: Dr. Alejandro Canales (IISUE UNAM)
Comenta: Dr. Pedro Flores Crespo, autor
Modera: Dr. Miguel Alejandro González Ledesma

7 de octubre de 2025, IISUE |Presencial sin transmisión. Muy buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por la invitación a presentar el libro de Pedro Flores Crespo (PFC), un colega muy apreciado y muy buen amigo desde hace varios años, que ya suman décadas. Y gracias a Alejandro González, otro colega también muy apreciado, ambos pertenecemos a la misma área de investigación aquí en el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación (IISUE), a quien agradezco la invitación y la organización de esta sesión del Observatorio de políticas educativas. El libro de Pedro, lo dice explícitamente en sus páginas, busca estimular el debate y la reflexión sobre las políticas y especialmente de las políticas educativas. Y los comentarios que haré son en ese ánimo, porque tomé la invitación al pie de la letra.

El título del libro, como es notorio, es una pregunta: “¿Por qué fallan las políticas educativas? Análisis del sexenio 2018-2024”. Y los cuatro capítulos en los que está estructurado el libro son otras tantas interrogantes: Cap. 1: “¿Cómo se conformó la agenda educativa?”; Cap. 2 “¿Qué resultados tuvimos?” Cap. 3 “¿Por qué fallan las políticas educativas?” (qué es la misma del título) Y, por último, cap. 4. “¿Qué hacer? A manera de conclusión”. Suman 171 páginas en las que da respuesta a esas preguntas.

Pero, la primera pregunta, la interrogante principal, ya contiene una valoración. Es decir, no se inquiere, como cabría esperar, cuáles o cómo fueron las características de las políticas de ese periodo. Nos anuncia: ¡¿Por qué fallan las políticas educativas?! Es decir, nos anticipa lo que uno encontrará en el libro. Y PFC no se anda por las ramas, desde la introducción, en el primer párrafo de la primera página, plantea su principal argumento que piensa desagregar a lo largo de los cuatro capítulos:

“Este libro sostiene que las políticas educativas durante el sexenio 2018-2024 no tuvieron los resultados esperados por el propio gobierno y la sociedad debido a que estuvieron sustentadas en un modelo de ejercicio de poder con las siguientes características”. Y enumera seis rasgos: 1) Anulación del individuo, esto es, reemplazó la noción de individuo por la del pueblo; 2) tergiversación de lo público, porque se descalificaron a los actores no gubernamentales, no se definieron los problemas públicos, y se socavó la pluralidad; 3) autosabotaje, los recursos de comunicación, como las conferencias matutinas (“Mañaneras”) operaron, entre otras cosas, para sabotear de manera inintencionada la conducción del gobierno”. Aunque la verdad, este rasgo no me quedó claro; 4) El reemplazo de la ética por la moral., porque sus valores eran dúctiles y fácilmente intercambiables.

Pero antes de que Pedro desagregue las bases de su argumento central, nos advierte que el origen del libro fue el material que había escrito sobre política educativa entre 2018 y 2024, con ese material ya en la mano, él pensaba que ya tenía un panorama claro y el libro listo. Pero resultó que no fue así. Las personas que dictaminaron el libro le hicieron observaciones y tuvo que rehacerlo. Eso es lo que tenemos ahora.

¿Cómo se formó la agenda educativa?

El primer capítulo tiene dos elementos centrales: uno es el programa sectorial de educacion; otro es el rasgo público de las políticas y de los problemas públicos. Sobre el primero, anota Pedro, fue una propuesta convencional para conducir la anunciada transformación, con algunos aciertos y una narrativa exagerada para derogar la reforma previa. En torno al segundo elemento, Pedro se adscribe a la noción que destaca la relevancia de lo público como el espacio plural en el que convergen lo gubernamental y lo social, sea para gobernar o para definir los problemas de interés público. Obviamente, es mucho más amplio y variado lo que escribe Pedro, pero estoy tratando de sintetizarlo y simplificar para hacer un par de observaciones a este capítulo.

En primer lugar, señala correctamente que la política pública contiene elementos explícitos e implícitos, ambos con efectos reales. Los primeros quedan plasmados en planes programas; los segundos, los implícitos, no son revelados, pero son llevados a efecto. El problema, y la observación, es que solamente puso como ejemplo de lo explícito el caso del Programa sectorial (pág. 25 y ss); luego se olvidó de los implícitos y no los volvió a mencionar. En mi opinión los implícitos fueron los más importantes.

En segundo lugar, el programa sectorial tiene su relevancia, pero en el periodo 2013-2018 y especialmente por la figura de López Obrador, hubo otros documentos que tienen mayor importancia para explicar la integración de la agenda educativa. Uno de ellos es el extenso documento “Proyecto de nación 2018-2024” de casi 500 páginas que reunía algunas de las propuestas de AMLO. Aunque este documento tuvo relevancia, no por lo que estableció sobre el tema educativo –un tratamiento verdaderamente improvisado y lamentable–, la tuvo porque exhibió que el sector educativo no estaba y no estaría en el horizonte de las acciones a emprender por su gobierno. Lo que sí estaba en ese Proyecto, y apareció como preocupación principal, fue el programa de becas para los jóvenes. El segundo documento importante para la integración de la agenda del sexenio fueron los 10 compromisos que estableció López Obrador en Oaxaca. Los formuló en el 2018, previo al día de los maestros y a los comicios electorales. En ese encuentro fue donde anunció su iniciativa de alimentación en escuelas de edcuación básica de zonas desfavorecidas, reiteró lo de becas para los jóvenes, pero sobre todo se comprometió a “cancelar la mal llamada reforma educativa”. La frase que identificaría una de sus principales acciones en el sector.

En tercer lugar, lo que señala Pedro sobre lo público es una de las vertientes. En efecto, lo público se puede entender como el espacio plural en el que convergen lo gubernamental y lo social, sea para gobernar o para definir los problemas de interés público, especialmente porque lo público no es equivalente a lo gubernamental como durante mucho tiempo se utilizó. De hecho, seguramente de ahí proviene la denominación de Secretaría de Educación Pública. Sin embargo, pienso que una indagación sobre las políticas, un análisis, se puede beneficiar si incorpora al menos otros dos componentes de lo público: a) lo público en el sentido de un proceso de política transparente, abierto; un proceso deliberado en el espacio público, sujeto a reglas acordadas y a una rendición de cuentas; y b) otro que no es menor, el de público porque son políticas que utilizan recursos fiscales, recursos públicos que son de todos los ciudadanos. En cualquier contexto importa discutir la distribución de los recursos públicos, pero todavía lo es más cuando los recursos son escasos y son muchas y muy variadas las necesidades, tanto como el tipo de acciones que se piensan llevar a efecto con esos recurso públicos.

¿Qué resultados tuvimos?

En el segundo capítulo, PFC hace un recuento de las iniciativas que se pusieron en marcha y los saldos que se obtuvieron. Por ejemplo, destaca el menor nivel de inversión por estudiante universitario en los últimos 23 años; el reducido porcentaje de metas logradas al final del sexenio, conforme lo que se había propuesto en el programa sectorial; las fallas en los intentos de inclusión educativa, especialmente en los grupos en condiciones más desfavorables; la declaración de obligatoriedad de la educación superior, sin posibilidad que hacerla realidad e incluso sin lograr la meta de cobertura del 50 por ciento que se había autoimpuesto; o los efectos de la contingencia sanitaria. En general, como resultados del sexenio, anota Pedro, el saldo es negativo en materia educativa, porque “Se invirtió menos que en gobiernos pasados, hubo retrocesos en algunos niveles educativos como el de la primaria, y a causa de la emergencia sanitaria y a malas decisiones, se profundizó la exclusión escolar y la caída en los aprendizajes”.

Pienso que, en efecto, los resultados no son satisfactorios, pero no lo son porque la atención, la preocupación y el interés gubernamental no estaban en el sector educativo; tampoco estaban en la salud o en la ciencia. El interés estaba puesto en las negociaciones con los actores y en el juego de la política política (politic).

¿Por qué fallan las políticas educativas?

En el tercer capítulo, PFC busca explicar por qué el gobierno de AMLO fue tan ineficiente en materia educativa. Y, a este respecto, apunta Pedro: “gobernar no es entonces una tarea sencilla. Demanda del líder político la capacidad de extraerse de sí mismo para pensar la realidad tal y como es, no como éste asume. Quedarse con una idea subjetiva de la realidad es arriesgado. La realidad se construye por medio de la experiencia, el conocimiento y del diálogo plural entre iguales y no por ‘velos’ que la distorsionan. Estos ‘espejismos’ y ‘máscaras’ tuvieron un papel central en el diseño e implementación de distintos programas y políticos durante el sexenio 2018-2024. Explicamos esta observación a continuación” (pág. 73).

Y las explicaciones que nos ofrece Pedro se refieren a la desagregación de casi una docena de rasgos sobresalientes del gobierno de López Obrador, como:

1. “La sustitución del individuo por la categoría de pueblo” (Desprecio por el individuo, ‘amor’ por el pueblo);
2. La intolerancia a la crítica, en donde aparecieron las expresiones “yo tengo otros datos”, las mentiras sinceras, nuevas formas de engaño, o a lo que se conoció como “maromas” para lidiar con la crítica púbica;
3. El código anticientífico, refiriéndose al contenido del Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación, y a las acciones emprendidas por la titular del entonces Conacyt, María Elena Álvarez Buylla, como la prohibición de los transgénicos y el glifosato, o bien, la descalificación de universidades y centros de investigación, las acusaciones penales infundadas a exfuncionarios y científicos, el recorte de becas al extranjero, el desorden con el Sistema Nacional de Posgrado, entre otras;
4. Un modelo de gobierno de “poder impotente”, porque, Pedro cita a Roger Bartra, “una condición en la que el poder autoritario se mueve en el vacío provocado por el desorden que reina en el gobierno y por la falta de salidas” (pág. 103);
5. Y un “desgobierno frente a la emergencia”;
6. “Intersectorialidad: el caso de la estrategia contra las drogas”;
7. “El presidente contra la educación pública (recorte de 50 por ciento de los programas para destinar los recursos a proyectos prioritarios);
8. “Resignificar la evaluación, ascenso del oficialismo”, la eliminación del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, su susitución por la Comisión Mejoredu, y de nuevo la eliminación de esta última, porque duplicaba funciones, pero tal parece que lo que se busca es el control de la información y ahorrarse recursos financieros;
9. “Cambio curricular: centralismo improductivo”, la polémica, las inconsistencias y fallas en el intento de cambio curricular, la elaboración de los libros de texto o la Nueva Escuela Mexicana;
10. “(Anti)humanismo mexicano”, el interés en este caso, anota PFC, no es una disquisición filosófica, sino un fin práctico; apuntalar una visión personalista de la justicia;
11. “Corrupción como transformación”, en donde se mencionan algunos ejemplos que ilustran acciones gubernamentales lamentables e indebidas, como la solicitud a la Auditoria Superior de la Federación para que pospusiera el informe relativo a la “evaluación de la política educativa en el desarrollo económico de México” en el reporte entregado a los legisladores, la desautorización del informe sobre las Universidades Benito Juárez García realizada por el Coneval; o la muy sospechosa adjdicación de un seguro para los bienes patrimoniales de la SEP, por parte del exsecretario de educación Esteban Moctezuma (Por cierto, Mathieu Tourliere, el reportero al que se refiere PFC no es ella, es él).

Pedro respalda ampliamente sus afirmaciones en documentos públicos y evidencias para mostrar por qué fallaron las políticas, componentes que se sintetizan en los cuatro que nos había anticipado en la parte introductoria de su libro.

Sin embargo, me pregunto si un esquema analítico distinto para analizar las políticas del periodo hubiera sido más provechoso. Por ejemplo, tengo la hipótesis de que los resultados de la política educativa (la policy o policies) fueron insatisfactorios, porque en realidad la preocupación gubernamental no estaba colocada en ese sector, ni en la ciencia o la salud. El interés estaba puesto en la política política (politic). Es decir, lo relevante, el esfuerzo y la labor de la actuación gubernamental se desplegó en cómo concentrar los resortes y los mecanismos de poder, como la captura de las instituciones políticas como el Congreso, la anulación de los contrapesos o la distribución del presupuesto, así como sacudir el tablero y establecer nuevas reglas de juego en la arena política. Unas reglas que tuvieron fuertes y graves consecuencias para la formulación y calidad de las políticas (policies), porque lo que importaba no era el contenido de las iniciativas para atender los problemas de la educación o la ciencia, a lo que había que prestar atención era al tipo de relaciones y negociaciones con los actores políticos. Decisiones que tuvieron un efecto notable en las políticas educativas. Por cierto, un componente sobresaliente y central del periodo anterior fue la eliminación de los organismos e instituciones mediadoras entre el gobernante y el ciudadano, porque, AMLO lo reiteró a lo largo del sexenio, se quería entender directamente con los ciudadanos. Un componenente que no está presente en el libro de PFC. Pensemos no en la eliminación de los llamados organismos autónomos, pensemos en la supresión del Instituto Nacional de la Infraestructura Educativa (Inifed), las guarderías infantiles, o la eliminación de Mejoredu, una iniciativa que se propuso en el periodo por el mismo gobierno.

A la par, también pienso si no habría resultado útil incluir esa complicada y relativamente reciente noción de “posverdad”. Sobre todo para darle mayor sentido a esa circunstancia en donde “los hechos objetivos tienen menos influencia en la formación y en la percepción pública, que las apelaciones a las emociones, sentimientos y creencias personales”. No solamente porque lo vimos y lo seguimos viendo que, frente a un enunciado fáctico, se anteponen expresiones de hechos alternativos, otra realidad, otros datos o la simple y llana negación ante la realdiad real. Lo grave es que ya no parece asombrarnos que se nieguen hechos objetivos o verdades fácticas, lo normalizamos, y obviamente tiene consecuencias sobre los regímenes democráticos.

¿Qué hacer?

En fin, Pedro, en el cuarto y último capítulo añade un toque de optimismo al panorama trazado, las llama “lineas de pensamiento general”. Por ejemplo, propone: la defensa de la autonomía para una mayor y mejor imaginación para señalar errores y elaborar propuestas; la reconstrucción de la justicia; un pensamiento más riguroso y acciones más razonadas y profundas (Por cierto, en este apartado, dice Pedro, ya no es suficiente el enfoque incrementalista, ese que se proponía desde una perspectiva de implementación de las políticas públicas, y uno se pregunta: si no es ese, entonces cuál podría ser); o bien, precisa Pedro, “ nuevas reglas para potenciar la capacidad del conocimiento en bien de todas y todos. Esto exige políticas educativas más imaginativas y efectivas” (pág. 148)

Por último, PFC, finaliza con una serie de puntos que las llama: “Rutas de análisis futuro”. Por ejemplo, señala que “Para rebasar la dimensión personalista en regímenes de autoridad aparentemente unificada, es necesario poner mayor atención a las intermediaciones de carácter simbólico e ideológico que un personaje moviliza desde el poder y que tienen sentido en los imaginarios sociales reales. Un ‘Yo social’” (pág. 150-151).

Finaliza: “No buscó culpables ni exculpó víctimas, trató de discutir conductas, hechos y un proceso de gobierno bajo una perspectiva realista”.

Y sí, el libro de Pedro es muy necesario para tratar de entender qué ocurrió con las políticas educativas que se pusieron en marcha en el sexenio anterior y se suma a la serie de análsis realizados al respecto. Afortunadamente las contribuciones cada vez son más numerosas y nos permiten armar un mejor panorama. Felicitaciones por el esfuerzo realizado.

Mesa de análisis: Nuevo Sistema de contratación y promoción de maestras y maestros en el gobierno de la 4T

Reseña 

Durante la mesa de análisis se discutieron temas centrales sobre el nuevo sistema de carrera docente en el contexto de la Cuarta Transformación (4T) en México. A través de dos mesas temáticas y con la participación de académicos expertos en el tema, autoridades educativas y docentes, se revisó de manera crítica la evolución del sistema de contratación y promoción del magisterio, evaluando tanto las reformas impulsadas desde 2013 como las modificaciones introducidas por el gobierno actual. 

Los participantes coinciden en la persistencia de prácticas burocráticas, discrecionales y poco transparentes en los procesos de ingreso y promoción, a pesar de los esfuerzos por instaurar un modelo meritocrático. Aunque la reforma educativa de 2013 introdujo la evaluación como criterio central, fue ampliamente criticada por su carácter punitivo. Por otro lado, la reforma de 2019, impulsada por la 4T, debilitó los mecanismos de evaluación sin resolver las deficiencias estructurales, generando descontento entre el magisterio y evidenciando una falta de impacto real en la mejora del aprendizaje estudiantil. 

En la mesa también se abordó la desconexión entre la evaluación docente y los resultados en el aula, la intervención de intereses sindicales y la falta de continuidad institucional. Las voces participantes coincidieron en la necesidad de diseñar políticas educativas con una visión de largo plazo, inclusivas, contextualizadas y técnicamente sólidas, que consideren las condiciones reales del ejercicio docente en el país y la urgencia de una transformación profunda que dignifique la labor docente y que garantice la equidad en el acceso a las plazas y mejore efectivamente la calidad educativa.

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La mesa de análisis reunió a especialistas para examinar críticamente las estrategias gubernamentales impulsadas por la Cuarta Transformación (4T) con el objetivo de reducir la desigualdad en la educación superior. Los expertos coinciden que, aunque el discurso oficial ha colocado la desigualdad como eje rector de la política educativa —representado por consignas como “primero los pobres”—, en la práctica los resultados han sido limitados y contradictorios. Se abordó la creación de nuevas universidades como las Benito Juárez y Rosario Castellanos, cuyo impacto en cobertura y equidad ha sido cuestionado debido a su limitada infraestructura, falta de autonomía y problemas de gestión. A pesar del aumento de matrícula, persisten profundas desigualdades regionales y sociales, mientras que la calidad y pertinencia educativa han quedado rezagadas. 

 Se discutió además la tensión entre políticas universales (como las becas generalizadas) y estrategias focalizadas, advirtiendo que la primera puede diluir la atención a poblaciones más vulnerables. Otro punto crítico fue la centralización de decisiones y la desconfianza hacia las universidades autónomas, lo cual ha debilitado la autonomía académica. Los participantes coincidieron en que el combate a la desigualdad requiere una política de Estado con visión de largo plazo, articulada con otros sectores como salud, infraestructura y economía, y basada en un enfoque de derechos humanos y justicia social. La transformación educativa solo será posible si se fortalece la inversión pública, se garantiza la autonomía institucional, se reconoce la diversidad del estudiantado y se promueve una formación pertinente y orientada al bien común.

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Por Miguel Alejandro González Ledesma (IISUE-UNAM)

gledesmale@gmail.com

Agradezco la invitación del Senador José Antonio Martín del Campo a participar en este Foro. Asimismo, agradezco al Dr. Edgar Guerra, Investigador por México y miembro del Sindicato Independiente de Trabajadoras y Trabajadores de Investigación de Cátedras (Siintracatedras) por sus buenos oficios para la organización de esta mesa.

Estoy convencido de que el Foro: Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación para la Transformación de México es una iniciativa de suma importancia para el futuro de nuestro Sistema Nacional de Investigación, especialmente frente al complejo panorama internacional producto de las políticas arancelarias y de hostilidad hacia las personas migrantes, que han marcado la agenda económica y política internacional tras la llegada de Donald Trump a la Presidencia de los Estados Unidos, en enero de este año.

Se trata de una situación que es particularmente grave para nuestro país, debido a los profundos lazos de dependencia económica que nos unen a nuestro vecino del norte. En los últimos meses, los amagos de imponer aranceles a las exportaciones mexicanas han creado un ambiente de incertidumbre que está teniendo un impacto negativo en la estabilidad de las inversiones y en el empleo; al tiempo que la hostilidad hacia las comunidades migrantes en los Estados Unidos ha creado un clima de persecución y acoso que afecta gravemente a nuestros connacionales en ese país. Como sabemos, aproximadamente 80 por ciento de nuestras exportaciones tienen al mercado estadounidense como destino, al tiempo que las remesas de los migrantes mexicanos representan aproximadamente 4% de nuestro producto interno bruto (PIB) (Caro, 2024). Por otra parte, en el año 2021, 72.5% de los productos alimentarios importados por nuestro país provenían de los Estados Unidos. De ese total destaca la compra de grandes cantidades de maíz, y otros granos estratégicos para cubrir la demanda interna (poco más de 15 millones de toneladas) (Zurita, 2022).

En respuesta a los amagos de la administración Trump, el gobierno de la Dra. Claudia Sheinbaum ha tomado una serie de medidas, tales como reforzar el control fronterizo con miles

de elementos de la Guardia Nacional para contener los flujos migratorios, así como acelerar la lucha contra los cárteles de la droga –incluyendo la entrega de decenas de criminales a la justicia estadounidense, y la implementación de operativos de alto impacto para frenar el trasiego de fentanilo y otras drogas. Además, como parte de la respuesta a esta coyuntura adversa, el gobierno impulsa el, así llamado, Plan México, un programa que plantea atraer inversiones, fortalecer la industria nacional, impulsar la innovación y conquistar la soberanía alimentaria (Cano y Cernichiaro, 2025; SADER, 2025).

Aunque la respuesta mexicana se ha revelado efectiva en el corto plazo, es clara la urgencia de replantear la estrategia económica nacional hacia el futuro. La dependencia excesiva de un sólo mercado entraña riesgos considerables, por lo que diversificar las exportaciones hacia otros países y agregar valor a la producción interna se presenta como una necesidad estratégica para nuestro país.

Atendiendo a la convocatoria de esta mesa, quiero colocar el acento en la grave desatención al sector humanístico, científico y tecnológico a la luz de los enormes desafíos que estamos enfrentando. Lo hago con la convicción de que el rezago histórico que arrastramos en la materia impacta negativamente en el desarrollo de México, y resta viabilidad a un proyecto de gran calado como el que se pretende llevar a cabo con el Plan México.

El diagnóstico elaborado por el Siintracatedras, luego de un enorme esfuerzo de investigación y análisis de la problemática que enfrentan las poco más de mil personas que forman parte del programa Investigadoras e Investigadores por México (IxM), ilustra, desde la experiencia de este colectivo, algunos de los problemas que padecen las y los trabajadores de la ciencia en nuestro país. Al mismo tiempo, da cuenta del actual vaciamiento de una política pública (las otrora “Cátedras Conacyt”), implementada con la intención de impulsar un modelo de desarrollo científico donde el Estado juega un papel activo en la contratación y ubicación de personas investigadoras en instituciones académicas y centros de investigación, bajo una lógica similar a la que se ha seguido en Argentina a través del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET).

El estudio se centra en los ámbitos laboral, académico y administrativo. En lo laboral, entre otros problemas, destaca la inestabilidad contractual, la falta de respaldo institucional frente a prácticas injustas en las instituciones receptoras, y la exposición del personal a formas de violencia laboral. Esta problemática tiene su correlato en otras formas de precarización como, por ejemplo, las que padecen los miembros del SNII que laboran en condiciones de precariedad en IES públicas. La eliminación, en 2020, del requisito de las 40 horas como condición para recibir el estímulo económico asociado al nombramiento, benefició sin duda a

muchas y muchos colegas. Sin embargo, en la práctica, reprodujo condiciones similares a las denunciadas por el personal IxM y operó como un subsidio indirecto a las instituciones de educación superior que dependen del trabajo precario de su personal académico para cumplir con sus funciones de docencia.

En cuanto a las dimensiones académica y administrativa, destaca la subordinación de la primera frente a la segunda, manifestada en evaluaciones punitivas y poco contextualizadas, así como la falta de acceso a recursos básicos como infraestructura y espacios de investigación. También persisten desigualdades con respecto al personal de las instituciones receptoras, así como dificultades para publicar y difundir resultados. Situaciones como esta son padecidas igualmente por integrantes del SNII con contratos precarios, lo mismo que beneficiarios de los diferentes programas de becas posdoctorales. En general, y contrariamente a lo que se afirma en el discurso oficial, los instrumentos de evaluación y administración del quehacer científico continúan anclados al paradigma neoliberal de la Nueva Gestión Pública (NGP), con sus métricas, recompensas y sanciones asociadas a una visión reduccionista, individualizante y excluyente del mérito y de la producción académica (Vera y González, 2018).¹

Frente a esta problemática, Siintracatedras propone una serie de propuestas agrupadas en tres grandes rubros: estabilidad y derechos laborales; fortalecimiento académico y eficiencia administrativa. El diagnóstico y las propuestas me parecen sumamente pertinentes para informar la discusión que habrá de llevarse a cabo con la finalidad de reformar la Ley General en Materia de Humanidades, Ciencia, Tecnología e Innovación (HCTI), luego de que en la presente administración se elevara al Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías al rango de Secretaría de Estado. Se trata de una coyuntura relevante porque permitiría ampliar los alcances de la Ley y, sobre todo, corregir una serie de problemas en la versión que entró en vigor, tras su aprobación en ambas Cámaras, en mayo de 2023 (SECITHTI, s/f).

La Ley, vale la pena recordarlo, se aprobó a pesar de las numerosas críticas expresadas por integrantes de la comunidad científica, y sin que se agotaran las sesiones de parlamento abierto que estaban programadas para su discusión (Proceso, 2023). Entre los aspectos más polémicos, y que valdría la pena replantear, destaca la renuncia al objetivo de alcanzar el 1% del PIB en recursos destinados al sector, una meta establecida por la UNESCO como referencia mínima, que si bien insuficiente, constituye la base sobre la cual es posible conformar sistemas nacionales de innovación (Dill y Van Vaught, 2010; UNESCO, 2015). Otro aspecto

controvertido es la supeditación del quehacer humanístico, científico y tecnológico a la agenda sectorial del gobierno en turno, lo que conlleva una centralización excesiva en detrimento de una política científica de Estado. En cuando a la administración del sector, la Ley fue calificada de “centralista y vertical”, debido a la creación de una Junta de Gobierno conformada por las secretarías de Estado, y con una participación testimonial de las IES, centros de investigación y, en general, de las comunidades científicas del país (Lagos, 2023).

En este tenor, resulta evidente la necesidad de abrir la discusión sobre el Programa Investigadoras e Investigadores por México. Esta revisión debe orientarse, por un lado, a corregir una serie de injusticias que han afectado al colectivo que lo integra en los ámbitos laboral, académico y administrativo. Pero, sobre todo, debe tener como horizonte el restablecimiento y la ampliación de sus objetivos originales, con el propósito de que el programa se consolide como parte de una política de Estado orientada a potenciar las capacidades humanísticas, científicas y tecnológicas del país. Sólo así estaremos en mejores condiciones para enfrentar un escenario internacional profundamente transformado, donde la interdependencia económica —incluso en su forma de integración asimétrica— ya no constituye un objetivo político declarado, y donde prevalecen dinámicas de fragmentación, competencia estratégica, repliegues proteccionistas, negación del cambio climático y relativización de los derechos humanos.

Así pues, siendo el objetivo de este Foro el de contribuir a la transformación de México a través de la ciencia, las humanidades y la tecnología, considero que es fundamental impulsar una reforma a la Ley HCTI que restituya el espíritu de lo público a nuestro quehacer, y garantice condiciones estructurales dignas para quienes hacemos investigación en este país. La revisión del programa IxM puede y debe ser la punta de lanza para una política científica con vocación de Estado, que deje atrás la lógica de simulación, precariedad y subordinación administrativa. Es momento de asumir, más allá de los discursos, la centralidad de la ciencia como un bien común y estratégico para el futuro de nuestro país.

REFERENCIAS

Cano, J., Vázquez, C., & Cernichiaro, C. (2024, septiembre 20). ¿Tendrá el presupuesto 2025 el nivel más bajo en ciencia desde 2008? México Evalúa. https://www.mexicoevalua.org/tendra-presupuesto-2025-nivel-mas-bajo-en-ciencia-desde- 2008/

Caro, P. (2024, 9 de agosto). Las remesas de Estados Unidos a México seguirán creciendo este año, pero a un menor ritmo. El País. Recuperado de https://elpais.com/us/migracion/2024-08- 09/las-remesas-de-estados-unidos-a-mexico-seguiran-creciendo-este-ano-pero-a-un-menor- ritmo.html

Dill, D. D., y van Vught, F. A. (Eds.). (2010). National innovation and the academic research enterprise: Public policy in global perspective. Johns Hopkins University Press.

Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. (2025, 4 de abril). Presenta Gobierno de México plan para aumentar la soberanía y la autosuficiencia alimentaria. Gobierno de México. https://www.gob.mx/agricultura/prensa/presenta-gobierno-de-mexico-plan-para-aumentar-la- soberania-y-la-autosuficiencia-alimentaria?idiom=es

Lagos, A. (2023, 3 de mayo). La comunidad científica califica a la nueva Ley de Ciencia como ‘centralista, regresiva, autoritaria y discriminatoria’. WIRED en Español. Recuperado de https://es.wired.com/articulos/la-comunidad-cientifica-tacha-a-la-ley-de-ciencia-en-mexico- de-centralista-regresiva-autoritaria-y-discriminatoria

Proceso. (2023, 26 de abril). Científicos recriminan aprobación fast track de la nueva ley de ciencias, tecnologías e innovación. Recuperado de https://www.proceso.com.mx/nacional/2023/4/26/cientificos-recriminan-aprobacion-fast- track-de-la-nueva-ley-de-ciencias-tecnologias-innovacion-306064.html

Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación. (s.f.). Ley General en Materia de HCTI. Recuperado de https://secihti.mx/conahcyt/areas-del-conahcyt/unidad-de-asuntos- juridicos/ley-general-hcti/

Vera, Héctor, y González-Ledesma, Miguel Alejandro (2018). “Calidad y evaluación: matrimonio del cielo y el infierno”. Perfiles Educativos, 40 (Especial), 53–97. https://doi.org/10.22201/iisue.24486167e.2018.Especial.59180

UNESCO. (2015, 23 de abril). Science, technology and innovation: Critical means of implementation for sustainable development goals. UNESCO. Recuperado de https://www.unesco.org/en/articles/science-technology-and-innovation-critical-means- implementation-sustainable-development-goals

Zurita, T. (2022). El T-MEC y el sector agroalimentario mexicano. Cámara de Diputados. Recuperado de https://www.diputados.gob.mx/sedia/sia/redipal/CRV-XIII- 22/Ponencia/36%29%20CRV_2022_T3_PONENCIA_Tomas_Zurita_T- MEC_Agroalimentario.pdf

1. Con la particularidad de que se ha agregado el rubro “retribución social” como otro elemento a evaluar. ︎

What are the Observatory’s goals?

Above all, it aims to analyze, systematize, and disseminate key knowledge that can contribute to the development and strengthening of the educational field. This means the Observatory does not just gather information for its own sake – it is actively transforming data and events into organized knowledge that educators, researchers, and decision-makers can use. The observatory aspires to be a central hub for the education research community, especially for those focusing on policy issues, offering them a rich repository of analyses and data. At the same time, it seeks to gradually extend its impact beyond academia, helping inform policymaking and the public with evidence-based research.

How does the Observatory operate, and what is its scope of work?

The team employs rigorous methodologies and digital tools to gather and organize relevant data on the educational system. In other words, we continuously scan the educational landscape, compiling statistics, policy documents, legislative changes, and research findings. For example, if a new law is proposed or a major reform is enacted, the observatory compiles pertinent information, analyzes potential impacts, and places it in historical and international context. This systematic approach transforms isolated data or information into a coherent picture of where Mexican education is headed.

A central feature of the OPE’s approach is its emphasis on collaboration and dialogue. The Observatory serves as an open space for plural and critical engagement with education policy, fostering exchanges among researchers, policymakers, and other stakeholders. Through public conversations and digital content, it encourages collective reflection on the challenges facing the education system. This commitment to collective knowledge-building invites everyone invested in education to contribute and benefit from this shared effort.

Let me now outline the structure of the Educational Policy Observatory, which is organized around four main components or workstreams that guide its activities:

• Conjunctural Analysis: A section that provides timely, critical insight into current events and policy shifts in Mexican education.
• Structural Analysis: Focused on long-term issues and systemic challenges, this axis supports in-depth studies on equity, governance, funding and institutional reform.
• News & Articles: A space for relevant news and expert perspectives. It gathers articles, press releases, and policy commentary from national media and specialized sources.
• Repository: A digital archive of educational policy documents, including laws, reports, research publications, and media sources.

In addition to its core areas, the Observatory emphasizes training and capacity-building as a cross-cutting goal. Over time, this will include activities such as seminars and courses aimed at students, early-career researchers, and practitioners. As Gabriela de la Cruz, Director of IISUE, remarked at the launch, what excites the team most is the chance to “reflect and propose theoretical, conceptual, and methodological mechanisms” — and to train others, from students to decision-makers, in these tools. In the long term, this educational mission may be one of the Observatory’s most lasting contributions.

Since its official launch, the Observatory has already begun to make meaningful contributions by organizing public conversations on some of the most pressing issues in Mexican education policy. In parallel, the Observatory has begun producing written content on emerging policy issues. These early efforts reflect a strong commitment to timely, responsive engagement. All materials are made available through the Observatory’s website, as part of a deliberate strategy to ensure open access to evidence-based analysis for both national and international audiences.

This brings me to my final point: the broader significance and opportunities for international collaboration that the Educational Policy Observatory embodies. While the Observatory is rooted in the Mexican educational context, its approach and vision have much to offer globally. The period it covers aligns with the timeline of the UNESCO Education 2030 Agenda and the Sustainable Development Goals, particularly the goal of quality education (SDG 4). By closely tracking Mexico’s progress, policies, and innovations in education over these crucial years, the OPE can generate insights that resonate with challenges faced in many countries: issues like improving equity and inclusion, raising educational quality, training teachers, and balancing innovation with tradition in curricula.

There is a growing international acknowledgement that policy observatories and evidence hubs are valuable in driving informed educational reforms and OPE is part of this emerging global ecosystem of knowledge-sharing. We anticipate that OPE’s findings and methods can trigger academic exchanges beyond our borders. For example, a study on digital inclusion in Mexican schools might interest colleagues working on similar projects in other Latin American countries, or an analysis of teacher professional development policy could be compared with experiences in Asia, Europe or the US. By inviting international scholars to access our repository, read our analyses, and even contribute or collaborate on research, the Observatory aims to break out of any national silo. Education is a global endeavor, and many policy lessons are transferable. In this sense, OPE aspires to becoming a node for international collaboration in educational research and policy analysis. We warmly welcome partnerships – whether it’s joint webinars, comparative studies, or exchanges of data and ideas. Through such collaborations, the Observatory can both learn from and contribute to the worldwide community striving to improve education.

To conclude, the Educational Policy Observatory 2024-2030 is a forward-looking, dynamic project that embodies an important bridge between academic research and educational policymaking. It provides a structured yet flexible framework to capture the beat of educational change in Mexico, from day-to-day policy shifts to long-term structural transformations. At the same time, it fosters a community of experts and learners who together engage in critical reflection and knowledge creation. The Observatory’s goals, scope, and structure all serve one overarching mission: to strengthen education through informed dialogue and evidence-based understanding. Its contributions – in the form of analyses, resources, and capacity-building – are already helping to clarify complex issues and guide decision-making. And looking outward, its spirit of openness and scholarly rigor make it a valuable partner in international efforts to share best practices and learn from each other’s policy journeys. We are excited about what the coming years hold for this initiative, as it grows and adapts alongside the fast-changing landscape of education. I invite all of you, as part of an international audience of university staff and researchers, to engage with the Observatory – explore its findings, offer your perspectives, and consider collaborative ventures. Together, through such knowledge exchanges, we can contribute to better educational policies not only in Mexico but around the world.

Thank you very much for your attention, and I am happy to discuss further or answer any questions about the Educational Policy Observatory and its work.

Conversatorio: Género, diversidad e inclusión en la agenda educativa del segundo piso de la 4T 

Reseña 

El conversatorio reunió a especialistas para reflexionar críticamente sobre los avances, retos y omisiones en las políticas educativas con enfoque de género, diversidad e inclusión en el actual contexto político mexicano. Las intervenciones destacaron que, aunque el discurso oficial ha incorporado la igualdad sustantiva como parte de la agenda educativa, en la práctica no existe un proyecto educativo sólido, coherente ni suficientemente financiado que transversalice estos enfoques en todos los niveles escolares. Se identificaron profundas brechas entre los marcos normativos y su implementación real, así como una falta de formación docente, recursos pedagógicos y estrategias estructurales para atender las múltiples formas de violencia y discriminación normalizadas en las aulas. Las panelistas subrayaron la invisibilización de las comunidades LGBTQ+, los pueblos originarios y otras identidades no hegemónicas, lo cual exige una mirada interseccional, contextualizada y crítica.  

También se alertó sobre el avance de discursos conservadores que han promovido retrocesos en derechos previamente conquistados por los feminismos y los movimientos sociales. En ese sentido, se reivindicó el papel de la educación como herramienta transformadora y de justicia social. Finalmente, se abordó la necesidad de incorporar el tema de los cuidados al centro de las políticas educativas, al reconocer la carga no remunerada que enfrentan especialmente las mujeres, tanto estudiantes como docentes, lo que limita su acceso equitativo a la educación y al trabajo digno. En conjunto, el conversatorio evidenció la urgencia de políticas educativas más integrales, sostenidas y comprometidas con la equidad de género y el reconocimiento de las diversidades. 

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Foro de análisis: La ley de educación media superior a debate

Reseña

El foro reunió a reconocidas figuras académicas para reflexionar sobre la viabilidad de una Ley de Educación Media Superior en México, en un contexto caracterizado por la desigualdad, el rezago estructural y recientes decisiones gubernamentales, como la desaparición del COMIPEMS. 

Durante las mesas de discusión se abordaron cinco ejes temáticos principales que delinean los retos de la educación media superior en México. En primer lugar, se puso de manifiesto la desigualdad estructural y el acceso limitado, evidenciando la fuerte estratificación social del sistema, donde el origen socioeconómico de los estudiantes condiciona sus oportunidades de ingreso, permanencia y egreso. En segundo lugar, se analizó el impacto de la pandemia, destacando, como señaló la Dra. Lorenza Villa, la profundización de las brechas en cobertura y tránsito escolar, lo que afectó de manera desproporcionada a los jóvenes provenientes de familias con menores ingresos. Un tercer eje fue la calidad educativa y la pertinencia formativa, cuestionándose la ausencia de mecanismos efectivos para garantizar aprendizajes significativos y señalándose deficiencias graves en la eficiencia terminal, así como en la preparación de los jóvenes para insertarse en el mundo laboral o continuar con estudios superiores. El cuarto tema abordó la desaparición del COMIPEMS y el debate sobre el mérito, que generó posturas encontradas: mientras algunos consideran necesario diversificar los procesos de ingreso, otros advierten sobre el riesgo de afectar la equidad y la planeación regional al eliminar el examen único sin proponer alternativas claras. 

Finalmente, se subrayó la necesidad de una ley y de políticas integrales que regulen y fortalezcan este nivel educativo, incorporando criterios de inclusión, suficiencia presupuestal, formación y profesionalización docente, así como una mejor articulación entre los distintos subsistemas que conforman la educación media superior.

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